La disputa por el territorio y su ordenamiento en Cuernavaca (parte 1)

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1 septembre 2012

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Raúl García-Barrios, « La disputa por el territorio y su ordenamiento en Cuernavaca (parte 1) », Cultura y representaciones sociales, ID : 10670/1.1gc4zj


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El artículo analiza el conflicto ocurrido en Cuernavaca (ciudad de la eterna primavera) en 2011-2012 en torno al programa de ordenamiento ecológico del territorio municipal. Dicho enfrentamiento "corona" diez años de conflictos socio-ambientales regionales entre dos concepciones distintas sobre la relación que debemos guardar con el medioambiente. El caso ahora se debate en las calles, auditorios, medios de comunicación y tribunales. El artículo está dividido en dos partes, de las cuáles aquí solo resumo la primera. En esta parte describo el problema y atiendo a cuestiones de carácter teórico, construyendo un marco de interpretación. Llevo a cabo una extensa revisión (multidisciplinaria) de hechos y teorías para explorar la naturaleza de la debilidad institucional que el gobierno mexicano se ha auto-infringido en las últimas décadas y sus consecuencias en la estructura legal-constitucional y la función pública. Concluyo que con este proceso se ha violentado el derecho humano a las premisas de coordinación, participación y cooperación necesarias para construir un medioambiente sano para todas las personas. En vez de garantizar este derecho cooperativo universal, la autoridad abre o cierra estratégicamente los campos de negociación y mercadeo de la aplicación de la Ley en función de diversos factores, entre ellos el poder relativo de los actores involucrados. El artículo atraviesa la perspectiva internacional, nacional, regional y local para estudiar los factores que afectan la dinámica de estos campos de disputa por el territorio y su sustentabilidad. Como veremos, el resultado de esta dinámica conflictiva será importante no solo para el futuro de la ciudad sino también para la aplicación de la Ley ambiental en todo el territorio nacional, pues las decisiones que tomen los jueces concretarán una respuesta jurisprudencial a las siguiente pregunta: ¿Hasta dónde y cómo debe la sociedad intervenir en las decisiones públicas para proteger sus propias condiciones de vida y seguridad?

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