Fiscalización escolar en Chile: evidencia inicial acerca del ajuste normativo de escuelas municipales y particulares subvencionadas

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Resumen La promulgación de la Ley 20.529 (2011) representa la consolidación definitiva de las políticas de rendición de cuentas en la educación escolar chilena. Esta política pública no solo incluye instituciones que controlan la gestión y los resultados pedagógicos, sino también instancias de rendición de cuentas de tipo burocrático-legal que fiscalizan la probidad del uso de recursos y el cumplimiento de normas mínimas de funcionamiento. En esta investigación, por tanto, se ofrece evidencia inicial sobre el nivel de ajuste a la normativa de escuelas municipales y particulares subvencionadas en fiscalizaciones oficiadas por la Superintendencia de Educación. En concreto se analizaron datos de 226 escuelas en 1960 fiscalizaciones durante el periodo 2013-2015, y se contrastaron las cantidades de hallazgos (contravenciones) registrados en cada uno de los referidos años para estimar la incidencia de un grupo de variables predictoras sobre la probabilidad de no presentar hallazgos durante fiscalizaciones aplicadas en el último año de ese trienio. Los resultados indican un progresivo y significativo ajuste a la normativa en los dos últimos años estudiados. Asimismo, el número de fiscalizaciones suministradas en los dos primeros años es una variable que favorece el mayor ajuste, mientras que un menor desempeño académico aumenta las probabilidades de presentar hallazgos. Con base en estos datos, se discute la pertinencia de fortalecer instancias de capacitación y fiscalización preventiva, especialmente en escuelas catalogadas de mayor riesgo.