18 avril 2023
info:eu-repo/semantics/openAccess , CC BY-NC-SA 4.0
Erika Lorena Aifán Dávila, « La criminalización de la justicia », Trajectoires Humaines Transcontinentales, ID : 10.25965/trahs.5236
A simple vista parece una frase paradójica, pero es la realidad que vive actualmente Guatemala. En un país pionero en el Derecho Penal en Latinoamérica hemos visto cómo se transformó el Código Procesal Penal de resabios inquisitivos hacia uno de corte acusatorio, cómo se desarrollaron en corto tiempo juicios orales, y posteriormente cómo se diligenciaron procesos complejos relacionados al narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, graves violaciones a derechos humanos, de índole nacional y transnacional. Sin embargo, hemos visto cómo, a pesar de las debilidades estructurales del Sistema de Justicia guatemalteco, sus operadores de justicia han podido juzgar con independencia estos casos, complejos por el número de sujetos procesales, la cantidad de pruebas, los delitos de alto impacto, los graves riesgos que suponen. Pero esas estructuras de crimen organizado incrustadas en los tres poderes del Estado, actualmente, han instrumentalizado el Ministerio Publico y algunos jueces y magistrados, para perseguir criminalmente con sesgo en la perspectiva de género muy marcado, precisamente a los operadores de justicia que, de manera independiente, investigaron y juzgaron casos de gran corrupción e impunidad, fabricando y sustrayendo pruebas, induciendo declaraciones falsas, bajo amenazas de persecución penal; inventando hechos y delitos sin fundamento factico ni probatorio, provocando la detención de varios operadores de justicia en su mayoría mujeres y el exilio de por lo menos 24 operadores de justicia, entre fiscales, jueces y magistrados - hechos inusitados en la historia de América Latina. En Guatemala, hoy, se criminaliza la impartición de justicia independiente.