Claroscuros de la jurisprudencia federal en elecciones por sistemas normativos indígenas

Résumé 0

El 30 de agosto de 1995, el Congreso estatal de Oaxaca aprobó un nuevo código electoral en el que les dio pleno reconocimiento a los usos y costumbres1 que rigen la elección de los ayuntamientos en la mayoría de los municipios de la entidad. Dicha reforma marcó un parteaguas en la política local y en el derecho electoral de Oaxaca y México. En los siguientes 20 años se desarrolló una jurisprudencia sumamente original por medio del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (jdc) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf). Esta vía jurisdiccional fue inaugurada por un grupo de ciudadanos del municipio de Asunción Tlacolulita, distrito de Yautepec, en 1999. En esa ocasión, la elección de las nuevas autoridades en una asamblea mediante el voto a mano alzada fue impugnada ante el Instituto Estatal Electoral (iee) por varios ciudadanos que denunciaron irregularidades en el procedimiento, en particular el hecho de que no todos pudieron participar, incluyendo a las mujeres. La autoridad electoral validó la elección, pero el Congreso del estado, en calidad de Colegio Electoral, la declaró no válida. Los ciudadanos que defendían la elección acudieron al tepjf para impugnar la decisión del Congreso. Al inicio, los ciudadanos inconformes optaron por el juicio de revisión constitucional electoral (jrc), pero el juez federal decidió reencauzar la demanda por la vía del jdc. Finalmente, el tepjf emitió la sentencia SUP--JDC-038/99, mediante la cual ordenaba al iee realizar elecciones extraordinarias. Por falta de acuerdo entre las partes en el ámbito municipal, nunca se pudieron organizar dichas elecciones y el Congreso tuvo que nombrar a un administrador hasta la elección de las autoridades municipales para el siguiente trienio (2002-2004)...