El antihaitianismo en la República Dominicana: ¿un giro biopolítico?

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Resumen La Sentencia 168, sentencia del 23 de septiembre de 2013, dictada por la máxima instancia de justicia de la República Dominicana, el Tribunal Constitucional, ha sido comúnmente representada como un decreto que expulsa de la República Dominicana a todos los residentes haitianos no autorizados, y además despoja de la ciudadanía a aquellos nacidos en la República Dominicana de padres haitianos. Sin embargo, en conjunto, la evidencia es que la sentencia no busca la exclusión territorial de los haitianos y los descendientes de haitianos tanto como su inclusión en la economía política dominicana como ciudadanos de segunda clase, inmovilizándolos durante el tiempo que sea conveniente dentro de una subclase de carácter hereditario. Después de la sentencia, los antiguos «excesos» (de intimidación y expulsión masiva) han continuado y posiblemente empeorado. Pero más escalofriante aún es la adición de una reciente exclusión social legalizada y burocratizada. Los objetivos siguen siendo evidentemente antihaitianos. Sin embargo, lo que se busca no es expulsar a los descendientes de haitianos ni limitarlos visiblemente detrás de las alambradas, sino disuadirlos de acumular invisiblemente el capital humano, las credenciales económicas y los documentos de ciudadanía necesarios para aspirar a las comodidades y el respeto de la clase media. La sentencia señala así el cambio de un régimen señorial a un modo biopolítico de gobierno de grupos minoritarios, basado en el uso de nuevas tecnologías legales y de almacenamiento y recuperación de información. De esta manera, el nuevo modo biopolítico de exclusión anti-haitiana encaja mejor que el anterior con formas más variadas y flexibles de incorporación del trabajo haitiano a la economía neoliberal.